La guerrilla colombiana se ha
instalado en el selvático estado Amazonas, en medio de la indeferencia de las
autoridades venezolanas y la preocupación de las colombianas, publica el
portal panampost.com en un reportaje de
la periodista Thabata Molina.
Amazonas es uno de esos estados
de Venezuela que casi nadie conoce, más allá de saber que es el segundo más
grande del país, o que comparte la frontera con Colombia por el oeste y con
Brasil por el este; pero, recientemente, las alarmas de las autoridades se
encendieron después que un informe militar admitiera la existencia de miembros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explotando minas de
oro y coltán en ese territorio, para generar ingresos.
Esta región cuenta con una
población de apenas 178.670 habitantes, en una extensión territorial de 177.617
kilómetros cuadrados, en una zona absolutamente selvática, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.
El texto elaborado por la Guardia
Nacional y fechado en enero de 2015, a través de un Resumen de Información de
Inteligencia (REIN), señala que “el
comando tiene conocimiento de la presencia de columnas guerrilleras entre los
sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del Orinoco”, en labores de
explotación de oro y coltán.
De hecho, el gobernador de esa
entidad, Liborio Guarulla, reconoció la existencia del problema y declaró al
PanAm Post que la situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en
la Asamblea Nacional, pero que nadie se ha interesado por solucionarlo.
“A lo largo del río Atabapo se
han llegado a contar hasta 24 balsas que están lavando la arena del fondo del
río con mercurio para extraer oro, y eso ha contaminado los peces, ha desviado
el curso del río. Realmente las autoridades venezolanas han hecho caso omiso, a
excepción de una comisión de Colombia que en algún momento se presentó y quemó
algunas balsas”.
“Esto ha seguido de una manera
descarada, pero es que además no son solamente las minas de oro del cerro La
Neblina o la naciente del río Orinoco, sino que en la actualidad, se están
explotando las minas del municipio Manapiare que es más allá del Yapacana. Esas
minas quienes las vienen explotando están vinculados a la guerrilla colombiana
y a los mineros colombianos”, expresó Guarulla a través de una llamada
telefónica.
En tierra de nadie
En los anexos del informe militar
se hace referencia a episodios de enfrentamientos con guerrilleros colombianos
en los que resultaron heridos efectivos militares, pero además, advierten que
las comisiones castrenses apostadas en la zona han recibido llamadas extorsivas
por parte de comandantes de las FARC.
El coltán es un mineral
estratégico que se ha vuelto muy preciado en las últimas décadas, porque se
utiliza para hacer piezas claves para el funcionamiento de productos
electrónicos y teléfonos inteligentes. Su composición química es una mezcla de
Columbio y Tantalio (de allí procede su nombre) y lo que lo hace tan valioso es
que compañías internacionales lo buscan para elaborar condensadores.
Según el mandatario del estado
Amazonas, los altos niveles de corrupción y la crisis institucional que vive
Venezuela han hecho que situaciones como estas pasen desapercibidas por la
ciudadanía, más allá de quienes viven en la región.
“El gran negocio en este momento
en el estado Amazonas es el contrabando de combustible o de productos
comestibles; la Guardia Nacional está distraída con estos temas y no con lo que
tiene que ver con la minería o la soberanía de nuestro estado”, dijo Guarulla.
Las autoridades colombianas si
han reportado el combate de estos irregulares en la zona fronteriza de Amazonas
con Colombia. De hecho, en noviembre de 2014 fue aprehendido Juan José Rivera
Suárez, señalado de ser pieza clave de las FARC, a quien se le incautó un
cargamento de coltán y uranio, que se presumía había sido extraído de
Venezuela.
Operaciones y reportes
El 29 de septiembre de 2014 los
efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de Amazonas
recibieron un radiograma en el que se informaba sobre una llamada que había
recibido el Teniente Coronel Carlos Ramón Noguera Romero, comandante del
Destacamento Aéreo 9 de la GNB, de parte de un hombre que se identificó como el
“comandante Chaca”, de las FARC, para pedir “el pago de una cuota atrasada,
para que no hubieran inconvenientes”, según revela el informe.
El último incidente armado
reportado por las autoridades, tiene fecha del 19 de septiembre de 2014, cuando
un helicóptero Bell 412EP fue atacado por un grupo de aproximadamente 50
personas que fueron detectadas en las inmediaciones de la mina Moya. En el
intercambio de disparos, los militares lograron herir a uno de los irregulares.
En el texto se especifica que el
tiroteo se inició aproximadamente a las 13:45 y que la situación fue controlada
a las 14:50. Es decir, que los irregulares tuvieron fuego cruzado con los
militares venezolanos por más de una hora.
En ese episodio los militares
lograron detener a Baudilio Antonio Montoya Hernández, perteneciente al grupo
irregular, quien resultó herido en la zona lumbar, durante el enfrentamiento con los militares. También fueron heridos los militares
Sanderson Peña Álvarez y Josue Montiel Castro.
Posterior a este hecho fue que
los militares comenzaron a recibir las llamadas extorsivas, específicamente
desde el número de teléfono 0212-6501018 (el código de área es de la capital
venezolana, Caracas), en el cual el supuesto comandante “Chaca”, exigía pagos
para evitar nuevos enfrentamientos con las fuerzas militares.
Venezuela sirve como aliviadero y fuente de
recursos minerales para la guerrilla colombiana (Alba Informazione)
Para las autoridades, hasta los
momentos ha sido imposible identificar desde dónde se efectuó la llamada, pues
el número reportado no aparece registrado en ninguna de las operadoras
telefónicas que existen en Venezuela, por lo que presumen que fue hecha desde
un teléfono satelital desde Colombia.
En uno de los reportes militares,
referida a la “situación de los grupos contraventores”, se dice que las
autoridades tuvieron conocimiento de que los habitantes de la comunidad
indígena de “Laja Liza y Cupaben, del municipio Atures, observaron la presencia
de extranjeros en la zona (…) y que esos extranjeros colaboran con la extracción ilegal de
coltán”, dice el texto.
Según los documentos militares,
está identificado un hombre, Richard Pérez, quien supuestamente sería el
encargado de comprar el coltán extraído en las minas de Amazonas; se sabe
también que los miembros de las FARC contratarían a venezolanos para trabajar
en las minas, lo que les reporta dividendos económicos a las comunidades del
área.
Los militares añaden que la
extracción de los minerales en el área se realiza tanto en jornadas diurnas,
como nocturnas y que todo lo extraído es trasladado a través de la red fluvial
del Amazonas.
Mucho más que cinco comandantes
Anteriormente las autoridades
militares venezolanas también señalaron que en el estado Apure, que limita al
sur este con Amazonas, estaban instalados cinco comandantes de las FARC.
Los militares venezolanos
reportan que estos grupos irregulares que practican la minería ilegal en
Amazonas están muy bien equipados con vehículo, lanchas rápidas, organización
logística, comida y equipos portátiles para sus
actividades irregulares.
Para las labores de investigación
y prevención de estas actividades ilegales, el Comando Regional Número 9 ha
destinado a 261 militares encargados del patrullaje aéreo y fluvial en las
zonas donde se encuentran los mayores yacimientos de coltán, principalmente en
el cerro Pozón Babilla.
Sin embargo, es necesario
advertir que la periodista venezolana Sebastiana Barráez ha denunciado la
situación desde 2013, y ha advertido que
en la región está confirmada la presencia de al menos siete campamentos de las
FARC. En sus reportes, asegura que los militares venezolanos están
completamente conscientes de la presencia de estos grupos irregulares y las
actividades ilegales que realizan en la zona.
Desde 2010 de comenzaron a hacer
las primeras denuncias al respecto en los medios venezolanos, a propósito de
una investigación que realizó el diario El Nacional. Para aquella época, se
decía que pagaban hasta 100 bolívares por cada kilo del mineral que era
extraído. Sin embargo, en el reporte militar actualizado, a pesar de que no se
especifica la tasa actual del valor del coltán, se advierte que es “muy
costoso”.
Finalmente, el gobernador
Guarulla indicó que la problemática del estado que gobierna podría empeorar a
raíz de la eliminación del Ministerio de Ambiente venezolano, en septiembre de
2014, que era el organismo de procesar las reiteradas denuncias sobre las
actividades de minería ilegal que ocurren al sur del país.
“Si con la existencia del
ministerio fue imposible controlar la situación, ahora, que no hay quién se
encargue, estamos indefensos frente a la violación de nuestra soberanía y la
explotación de nuestros recursos naturales, sin que ninguna autoridad ponga
freno”, expresó el gobernador
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